Luego de la masiva marcha universitaria que se realizó este miércoles 2 de octubre, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso.
La medida fue oficializada a través del Decreto 879/2024 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del mandatario y todo su gabinete, apuntando a que rompe con el equilibrio fiscal.
Según el Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Aseguraron que el presupuesto de la Secretaría de Educación para este año “no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
En ese sentido, mencionaron que el aumento en los gastos de funcionamiento conllevaría incrementar el presupuesto vigente $251.907.500.000 “sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio”.
Por otro lado, la recomposición de los salarios de docentes y no docentes implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000. “No obstante lo expuesto, en atención a la falta de claridad de las disposiciones sancionadas, se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de $1.516.944.675.060”, agregaron.
Además, cuestionaron que la medida aprobada por el Congreso “establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales” respecto del resto de la Administración Pública, dado que sus salarios aumentaron un 87% contra el 78% del resto de los sectores.
Con estos argumentos, el Gobierno mencionó que cumplir con esta medida “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.
“Toda política de crecimiento debe basarse en el entendimiento de la actual situación, del estado de las cuentas públicas y de la previsión en los gastos e inversiones futuras, disponiendo de los escasos recursos existentes de forma responsable, sin comprometer el futuro de los argentinos”.
También cuestionaron que el proyecto “no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”.
Tras este veto, la oposición analiza convocar a una sesión para el próximo 9 de octubre, con la mira puesta en revertir el veto de Javier Milei y sostener el financiamiento a las universidades. En ese contexto, el Gobierno advirtió que podría judicializar la cuestión para defender el veto.
EL DURO COMUNICADO DE OPRA
La cuenta de la Oficina del Presidente publicó un duro comunicado en el que tildó de “irresponsable” la ley de financiamiento universitario, como también “cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.
“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”, señalaron.
“El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”, agregaron.
Por otro lado, celebraron de forma irónica “el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”. “Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, agregaron.
“Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, finalizó.
