En la madrugada del viernes pasado, murió una beba de tres meses que dormía, junto a sus papás, a la intemperie frente a la Casa Rosada. El SAME fue quien confirmó que la chiquita había fallecido, tras ser llamado por los progenitores que se dieron cuenta que su hija no respondía.
Tras ese hecho y luego de que el Indec anunciara que más del 54% de los chicos en Argentina son pobres, el Gobierno aprobó hoy una ley para las personas que se encuentran «en situación de calle» y para las «familias sin techo».
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El proyecto había sido sancionado por el Congreso en diciembre del 2021, pero este miércoles, el Gobierno la oficializó a través de la resolución 183/2023 publicada en el Boletín Oficial.
El texto precisa que la normativa «constituye un instrumento jurídico fundamental que tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina».
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Además, llama tanto a los diversos Ministerios, a las autoridades públicas y a los integrantes de la sociedad civil a llevar a cabo un «trabajo conjunto y activo, entendiendo la complejidad de la problemática y la necesidad de un abordaje interdisciplinario y coordinado a nivel federal».
Sostiene que «las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituyen una de las expresiones sociales más graves de la precariedad habitacional, y que necesitan mayor atención por parte del Estado».
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Y detalla que «los problemas derivados de la situación de calle se encuentran localizados, principalmente, en los grandes centros urbanos del país, y tienen un origen multicausal que no se corresponde únicamente con la falta de acceso a la vivienda, sino también con otras causas como las realidades económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, subjetivas e institucionales, entre otras».
Por lo tanto, remarca que es clave tratar esta problemática desde una perspectiva integral que «satisfaga, en primer lugar, las necesidades más inmediatas para alcanzar, a largo plazo, la real superación de esta problemática».
Por último, hace hincapié en que previo a utilizar la fuerza pública «deben agotarse todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas en esta ley».
