En medio de la polémica por la iniciativa de que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunirá con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJN) para atender su reclamo.
En encuentro se dará este miércoles al mediodía, en el despacho que la funcionaria tiene en el Senado, en donde recibirá a una delegación de la entidad que se manifestó en contra de la propuesta.
La iniciativa fue incluida recientemente por el Frente de Todos en el proyecto de Presupuesto 2023. El objetivo es que todos los que integran el Poder Judicial –jueces, funcionarios, fiscales y empleados- estén obligados a pagar el impuesto a las ganancias.
Si bien en 2017 se probó una ley que quitó la exención al Poder Judicial de no pagar ganancias, solo alcanzó a quienes ingresaron luego de que se sancionó. Ahora, se busca que todos pierdan este privilegio.
Rápidamente todas las entidades que nuclean a los trabajadores judiciales reclamaron por este punto. Fue en este marco que la AMJN solicitó una audiencia con la titular del Senado, como también con la de Diputados, Cecilia Moreau.
A través de una carta, publicada por NA, el presidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle, pidió “ser escuchados” con respecto al proyecto del impuesto a las ganancias.
En ese sentido, pidió mantener la “independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional”.
Según Gallo Tagle, esta reforma “afectaría el salario de los Magistrados/as del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos de la República Argentina”, algo que incumpliría con el artículo 110 de la Constitución Nacional.
Dicha normativa establece que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
AMPLIO RECHAZO DEL PODER JUDICIAL
Gran parte de las organizaciones y entidades que nuclean a los trabajadores del sistema judicial emitieron comunicados en los que rechazaron esta reforma presentada por el Frente de Todos.
Solo Justicia Legítima, ligada al kirchnerismo, se mostró a favor, y que marcó que su posición “ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio”, por lo que consideraron que “jueces, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del país”.
Por su parte, desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFUN) recriminaron que “ciertos sectores de la política” buscan modificar “arbitrariamente las condiciones de servicio” y “menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales”.
“Lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales”, agregaron.
Por su parte, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial manifestó que esta “modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de Ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de Justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial”.
En la misma línea, varias entidades como la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE) afirmaron que de aprobarse, se incumplirá con el artículo 110 de la Constitución Nacional.
