A un año de la asunción de Milei, el Ministerio de Desregulación Económica compartió un balance detallado sobre el primer año de gestión. Durante este período, avanzó en la eliminación de regulaciones que, según el Ejecutivo, limitaban el desarrollo del sector privado.
Con más de 400 normativas derogadas o modificadas, el objetivo declarado fue «sacar al Estado del medio y darle libertad al sector privado».
DNU 70 y la Ley Bases: el comienzo de las reformas
El proceso de desregulación se inició con el DNU 70 y la Ley Bases, herramientas que permitieron la modificación de 40 leyes y la derogación de otras 41. Entre las normativas eliminadas figuran la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento. Según el informe oficial, estas derogaciones eliminaron más de 100 resoluciones vinculadas a precios máximos, exhibición de productos y controles administrativos sobre los comerciantes.
Oficialmente presentan a la Ley Bases como la que «introdujo la reforma laboral más importante de la historia» junto a la creación del fondo de cese laboral que «permite a las distintas industrias construir su propio sistema de indemnización».
Respecto de uno de los temas que ha generado más debate, se aclara que la condición fundamental de la norma es que «beneficie a los empresarios y los trabajadores» como así mismo la garantía de que «si alguna de las partes considera que no se ve beneficiada por el nuevo acuerdo pueden decidir no suscribirlo».
En el ámbito del comercio exterior, se eliminaron las licencias no automáticas, el registro de exportadores e importadores, y otros requisitos técnicas como la obligatoriedad de ciertos etiquetados. También se derogaron normativas que permitían al Estado intervenir en las exportaciones e importaciones por motivos económicos.
En telecomunicaciones, la apertura de los servicios de internet satelital permitió la entrada de cinco nuevos operadores, con cobertura en zonas rurales y aisladas. En el sector transporte aéreo, se implementaron una medida conocida como «cielos abiertos», que propuso la liberalización de rutas y la incorporación de aeronaves pequeñas que ampliaron las conexiones en localidades hasta ahora menos atendidas.
Cambios en el transporte, medicamentos y alquileres
Uno de los puntos destacados por el Gobierno fue la derogación de la Ley de Alquileres. Según el informe oficial, esta medida redujo los costos reales para los inquilinos en un 30% y duplicó la oferta de propiedades disponibles; más allá de las criticas que realizan desde una parte del sector aludiendo condiciones abusivas para acceder a un alquiler.
En transporte terrestre, se abrió la competencia en servicios de larga distancia y se simplificaron los procesos para habilitar el transporte de carga. En el ámbito de los medicamentos, se fomentó la competencia mediante la implementación de recetas electrónicas que exigen la prescripción por nombre genérico, además de autorizar la venta online de medicamentos y su exhibición en góndolas fuera de farmacias.
Reestructuración del Estado
La transformación del aparato estatal incluyó la reducción de 18 ministerios a 8, junto con el cierre de más de 200 áreas administrativas consideradas obsoletas o redundantes. Según el balance presentado, estas medidas implicaron una disminución de más de 34.000 empleados públicos en el ámbito nacional.
Adicionalmente, se cerraron organismos como el INADI, la AFIP y el ENHOSA, y se eliminaron más de 15 fondos fiduciarios. También se presentó un proyecto de ley para derogar 70 normativas que la gestión considerada «inútiles u obsoletas».
Cabe destacar que se ha implementado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que se aplicará a todas las personas que aspiren a trabajar en la función pública a partir de 2025.
El Gobierno también intervino en ámbitos específicos como el correo y la música. Se eliminó el requisito de habilitación para operar servicios de mensajería, y se redefinió el alcance del «ámbito público» en la reproducción de música, limitando los cánones exigidos por SADAIC a eventos en espacios abiertos al público.
En cuanto a las pensiones no contributivas, se ajustaron los requisitos para acceder a prestaciones por invalidez laboral, eliminando criterios que, según el Ejecutivo, habían sido utilizados para prácticas clientelistas.
Reporta la Burocracia:
Como parte del proceso, se abrió una página web para recibir sugerencias sobre posibles desregulaciones. Según el informe del Ministerio, se recibieron más de 5.000 propuestas, muchas de las cuales se incorporarán al plan de reformas.
Balance oficial
En este primer año de gestión, el Ministerio de Desregulación Económica informó que estas medidas buscan reducir las normativas que restringen al sector privado y aumentar la eficiencia del Estado, eliminando «privilegios» para empresas públicas junto con la simplificación de procesos administrativos que anteriormente implicaban «altos costos» para los sectores productivos.
El objetivo declarado por el Gobierno es continuar avanzando hacia una mayor desregulación en todos los sectores posibles, eliminando normativas que, según sostienen, restringen la actividad privada y dificultan el desarrollo económico. Las próximas acciones estarán enfocadas en profundizar estas transformaciones para consolidar un modelo basado en la libertad económica y la reducción del rol del Estado.
