Una exfuncionaria de Alberto Fernández pidió la nulidad del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, tras denunciar la presunta participación de abogados privados en su confección.
Se trata de Vilma Ibarra, quien fue secretaria Legal y Técnica durante el último gobierno, quien además cuestionó la “necesidad y urgencia” del decreto al que consideró “inconstitucional”.
“Los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó la exdiputada, en referencia a las dudas sobre quienes escribieron los más de 360 artículos.
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Ibarra señaló que “en el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos”.
“¿Quiénes lo redactaron? La respuesta es central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo”, advirtió.
En ese sentido, explicó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos”, quienes “están sometidos a los controles de la ley de Ética Pública” y “deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial pública”, además de que “están alcanzados por regímenes de incompatibilidades y de conflictos de intereses”, algo que no ocurre con los abogados de estudios jurídicos privados.
“Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad. En ese caso, habría que investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción. ¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios”, recriminó.
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Hace unas semanas, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, confirmó en diálogo con Radio Con Vos que desconoce quiénes redactaron en DNU y si participaron “estudios privados vinculados a grandes empresas”. “No lo sé. Sé que (Federico) Sturzenegger está trabajando hace muchos meses en ese tema y ha hecho un trabajo monumental”, agregó.
Incluso, Ibarra compartió un documento de la actual Secretaría Legal y Técnica de Milei, en el que reconocen que “no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo”. Además, menciona que “no obran constancias del tipo de vinculación del Señor Federico Sturzenegger con la Administración Pública”.
Los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Causal de nulidad. Abro hilo. 👇🏼 pic.twitter.com/2ECpHts8Ld
— Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) January 17, 2024
“Que un decreto que contiene más de 360 artículos y deroga y modifica decenas de leyes de fondo no haya cumplido con la ley de Procedimientos Administrativos (arts. 7 y 14) es también una causal de nulidad. No son meras formalidades. Son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad, con informes técnicos que los sustentan y justifican. Son necesarios para el control del Congreso y de la Justicia”, enfatizó.
