Tal como ocurre cada 24 de marzo, la Argentina se detiene para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un día de reflexión que marca el inicio de un capítulo oscuro en su historia: la última dictadura militar. En 1976, un golpe de Estado derrocó al gobierno democrático, dando paso a un régimen de represión criminal sistemática que se extendió hasta 1983.
Durante esos años, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en un proceso que se conoció como «terrorismo de Estado».
Pero ¿qué significa este día para los argentinos y por qué es una de las fechas que más huella dejaron en su historia? Para entenderlo, es esencial conocer las profundas cicatrices que dejó la dictadura en la sociedad y cómo el país ha luchado durante décadas para encontrar la verdad y hacer justicia por las víctimas.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Argentina, disolviendo el Congreso, suspendiendo las libertades civiles y anulando la democracia. Bajo el eufemismo del «Proceso de Reorganización Nacional», el gobierno militar impuso un régimen de terror, persiguiendo a cualquier persona considerada opositora.
Golpe de Estado de 1976. Asume el presidente de facto Jorge Rafael Videla.
En este contexto, comenzaron a operar más de 500 centros clandestinos de detención donde se sometió a miles de ciudadanos a abusos inimaginables. La represión también incluyó la apropiación de niños y el secuestro de mujeres para ser utilizadas como herramientas de control social.
A lo largo de los años, el país fue atravesando un largo y complejo proceso para hacer justicia. Desde el final de la dictadura en 1983, la sociedad se comprometió a buscar la verdad, a través de la creación de comisiones y juicios que visibilizaran las atrocidades cometidas. En especial, el juicio por los crímenes de lesa humanidad y el trabajo incansable de organismos de derechos humanos han sido claves en este proceso.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no solo se conmemora a las víctimas, sino que también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la democracia y los derechos humanos. Recordar lo sucedido permite que los jóvenes conozcan la historia, para evitar que se repita. Además, la justicia sigue siendo un motor de restauración social, no solo para las víctimas directas, sino también para toda la sociedad argentina, que busca cerrar las heridas del pasado.
Protestas del pueblo argentino por las desapariciones durante la dictadura militar
Este 24 de marzo, mientras se recuerda a los 30.000 desaparecidos, se sigue luchando por la memoria, la verdad y la justicia. La historia de la dictadura, aunque dolorosa, forma parte de la identidad colectiva de la nación, que no solo busca recordar el sufrimiento, sino también construir una democracia más fuerte y una sociedad más justa.
A través de los años, el pueblo argentino aprendió que la justicia no solo consiste en castigar a los responsables, sino en restaurar los lazos sociales rotos por la violencia, asegurando que las futuras generaciones no olviden los horrores de un pasado que debe servir como advertencia para el futuro.
Este es el mensaje que cada 24 de marzo resuena en Argentina: una sociedad que no olvida su historia, que lucha por la verdad, y que aboga por un futuro donde la democracia y los derechos humanos sean irrenunciables.
Juicio a las Juntas: Un paso hacia la justicia
Tras la restauración democrática en diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín, electo ese mismo año, dio un paso decisivo en el camino hacia la justicia. A través del Decreto 158/83, ordenó que los integrantes de la Junta Militar fueran sometidos a juicio. Sin embargo, en lugar de ser un tribunal civil el que se encargara, el juicio debía ser llevado a cabo por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con el fin de que la justicia militar se encargara de juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura. El decreto mencionaba específicamente los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos.
Juicio a las Juntas
A principios de 1984, Alfonsín promulgó una reforma del Código de Justicia Militar, que había sido aprobada semanas antes por el Congreso, y la Cámara Federal de Buenos Aires otorgó a la Justicia militar un plazo de 180 días para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos. Sin embargo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tras sus investigaciones, alegó que las órdenes y directivas dadas durante el accionar militar contra la subversión eran inobjetables. Esta respuesta fue rechazada por la Cámara Federal, que, el 4 de octubre de 1984, decidió asumir el caso debido a la demora y negligencia en la tramitación del juicio.
El juicio a los responsables de la dictadura comenzó el 22 de abril de 1985, llevado adelante por la Cámara Federal de Buenos Aires. Los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio fueron los encargados de llevar a cabo el proceso.
Los fiscales, Luis Moreno Ocampo y Julio César Strassera, utilizaron como prueba principal el informe «Nunca Más», elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), también creada por Alfonsín. Durante las audiencias, que se extendieron hasta agosto de 1985, 839 testigos declararon en más de 500 horas de audiencias.
El veredicto llegó el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó sentencia. Los principales responsables, como Jorge Videla y Emilio Massera, fueron condenados a reclusión perpetua. Otros altos mandos, como Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, recibieron condenas de prisión de diversa duración. Sin embargo, hubo absoluciones, como la de Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.
La sentencia fue leída por León Arslanián, presidente de la Cámara, y transmitida por Cadena Nacional. En 1986, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo.
