Entre el 2002 y el 2020 hubo un aumento del gasto social en la Argentina. En ese sentido, un informe de Fundar junto con Fundación Cias detectó que «la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto», es decir, que «el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños pobres». En consecuencia, el estudio precisó que «en el 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres».
Además, indicó que «los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016» y detalló que «el número de cooperativistas ha pasado de 253.939 en 2015 a 1.223.537 en septiembre de 2021«. Como tercer factor, remarcó que el Estado destina cada vez más dinero en planes sociales y a modo de ejemplo, señaló que «en 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular«.
Si se analiza por Gobiernos, el informe puntualizó que «en 2015 la gestión de Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con 253.939 beneficiarios de planes de cooperativas» y con «Mauricio Macri aumentó sustancialmente (37,94%) la inversión en esa categoría de planes para trabajadores informales», Por lo tanto, recalcó que » el aumento del número de cooperativistas ha sido muy significativo», debido a que, «han pasado de 641.762 en 2019 a 760.664 en 2020. Y añadió que «para septiembre de 2021 los beneficiarios de planes de cooperativas ya eran 1.223.537«.
Respecto al Gobierno de Alberto Fernández, el estudio subrayó que fueron tres las categorías que más se incrementaron durante el 2020 y lo atribuyó a la llegada de la pandemia. En primer lugar precisó: «Un aumento real del 133,76% en las asignaciones familiares no contributivas (a causa de la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE)» al tiempo que agregó: «Un 3.520,67% de aumento en los subsidios de promoción o preservación del empleo formal (debido principalmente a la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP) y un 812,28% de aumento en políticas alimentarias (como resultado del lanzamiento de la Tarjeta Alimentar)».
