La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad del proyecto de la Ley Lucio, que establece la creación de un plan federal para capacitar a funcionarios en materia de derechos de niños y adolescentes.
La iniciativa, que fue impulsada por el legislador de Juntos por el Cambio, Martin Maquieyra, obtuvo 228 votos afirmativos, con cero negativos y cero abstenciones. Ahora, pasará al Senado par convertirse en ley.
Este proyecto lleva el nombre de Lucio Dupuy, un nene de cinco años que fue asesinado a golpes en 2021 en La Pampa. Su mamá y su pareja son las acusadas del crimen, quienes fueron detenidas y hoy comenzaron a ser juzgadas.
Según el documento, esta ley busca prevenir y detectar a tiempo “situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” a través de diferentes acciones.
La principal es la capacitación de funcionarios públicos en materia de derechos de la infancia y violencia contra los menores, que alcanzará a todos los que desempeñan en el todos los niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, establece un protocolo de actuación conjunta entre las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud, y otros organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia.
Así, se busca crear una nómina de indicadores de riesgo para distintos tipos de maltrato infantil, unificar los criterios de actuación a nivel nacional y permitir la trazabilidad de las denuncias a nivel nacional, entre otros puntos.
Aprobamos la #LeyLucio en Diputados. Después de mucho trabajo y esfuerzo el día tan esperado llegó. ¡Gracias a la familia Dupuy por acompañarme y guiarme en este camino! pic.twitter.com/wNVnF0SoBx
— Martin Maquieyra (@martinmaquieyra) November 9, 2022
Por otro lado, obliga al Gobierno a realizar campañas semestrales de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños y adolescentes; y la implementación de la Línea 102 para protección de menores en situación de riesgo.
“Entendemos que es necesario que los tres poderes tengan una capacitación obligatoria que responda a los mismos principios a fin de que sea la base de un trabajo coordinado que tenga al niño, niña y adolescente como centro de la actuación y políticas públicas”, justificó el diputado Maquieyra en sus fundamentos.
