La semana pasada se cumplieron 16 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la Causa “Mendoza”, que condenó al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia y a empresarios por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y los conminó a seguir un minucioso y ambicioso plan para su saneamiento, para lo cual creó el Acumar como organismo responsable.
Pero para María José Lubertino, titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, uno de los organismos que integra el Cuerpo Colegiado encargado de controlar al Acumar, los objetivos están lejos de haberse cumplido.
No solamente denuncia que el fallo se ha incumplido sistemáticamente, dada la alta contaminación del agua, el aire y el suelo que afecta (incluso sin que lo sepan) a unos 4 millones de personas en el AMBA, sino que además advierte que el Gobierno nacional está llevando a cabo un fuerte ajuste en el Acumar mientras impulsa el cierre de la causa.
En una entrevista exclusiva con Newsweek Argentina, Lubertino dio cuenta del estado de situación de la cuenca y de las preocupaciones de los vecinos de las áreas más afectadas, donde habría al menos 500 chicos con plomo en su sangre y barrios enteros sin agua potable, a metros de la Capital Federal.
Hace 16 años la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cuánto se avanzó desde entonces?
– En primer lugar, quisiera aclarar que la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos somos parte del Cuerpo Colegiado en la Causa “Mendoza”. El Cuerpo Colegiado es una entidad novedosa que creó la Corte Suprema Justicia de la Nación, un espacio en el que a varias de las organizaciones de la sociedad civil que estábamos como amicus en la causa pasamos a tener el rol de velar por el seguimiento de las mandas que los jueces ordenan en ese fallo. Por eso es muy importante reconocer que todo lo que ha sucedido en estos 16 años tiene que ver con una orden la Justicia, que hace 16 años condenó al Gobierno nacional, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las empresas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y les impuso la obligación de recomponer el estado ambiental de la cuenca y de tomar algunas medidas para prevenir a futuro. En este marco, el avance en estos 16 años ha ido lento. Se constituyó Acumar, que es el organismo estatal que reúne a los tres gobiernos.
¿Y cuál ha sido su desempeño?
– Los avatares de Acumar han tenido que ver también con los distintos partidos políticos que gobernaron. Igualmente, no ha habido demasiadas fisuras, más allá de que hubiese habido más o menos coincidencias entre quienes gobernaban la Provincia, la Ciudad y la Nación.
Se ha invertido muchísimo dinero en una obra de infraestructura que tiene que ver con brindar agua y cloacas a muchísimos habitantes de la cuenca, donde viven actualmente más de 4 millones de personas, las cuales están afectadas por este conflicto. Y, por supuesto, hay personas en situación de pobreza, en situación de exclusión, para quienes los impactos de esta falta de saneamiento son mayores.
¿En qué consiste esa obra de infraestructura?
– En principio, la obra de saneamiento viene a colaborar con dar agua y cloacas, pero todavía no está terminada. Se supone que eso fue una inversión muy importante del Banco Mundial. Desde o nuestro punto de vista como cuerpos colegiados, hubo cosas que se podrían haber hecho mejor o distinto, porque eran medidas más económicas que esta megainversión que, en definitiva, lo que hace es arrojar los residuos cloacales sin tratamiento al Río de la Plata. Lo que se está haciendo es correr la contaminación del Riachuelo al Río de la Plata. Y esto, además, en connivencia con Uruguay: Uruguay contamina con las pasteras; y Argentina va a poner este gran caño cloacal con salida al Río de la Plata. Uno contamina de un lado y el otro, del otro. Nosotros tememos efectos graves a futuro.
Lubertino y miembros del Cuerpo Colegiado de Acumar recorren el Matanza-Riachuelo para relevar el estado de avance del saneamiento
¿Cuál sería la solución alternativa a este gran caño cloacal?
– Bueno, todas las cosas que nosotros venimos sosteniendo que hay que hacer. En principio, no se deberían poder arrojar residuos sin tratamiento. Hay procedimientos para arrojar esos residuos con un menor grado de contaminación que el que tienen ahora. Esto explica determinados costos para a AySA y para las empresas. Otro aspecto es que se limpió el espejo de agua del Riachuelo, se sacaron los barcos que estaban sumergidos, se hizo el camino de Sirga y se crearon tres reservas por la lucha de los vecinos. Estas reservas son muy importantes porque protegen humedades, la biodiversidad. Pero lo más grave es el estado de situación de Dock Sud y Villa Inflamable, zonas a las que los jueces de ejecución no le han dado demasiada atención. Allí hay habitantes que viven sometidos a determinadas empresas que viven contaminando; y hablamos de contaminación del agua, del aire y del suelo.
El agua del Riachuelo tiene el mismo grado de contaminación que hace 16 años, porque está permitido el volcado de determinadas sustancias y en cantidades que en otras partes del mundo están prohibidas. Por eso, uno de los temas que estamos pidiendo desde el avance de la causa es la modificación de las pautas de volcado para las empresas.
Y, por el otro lado, hay una gran falta de control. Otros aspectos son que no se está midiendo bien la contaminación del aire, tan importante como la del agua; y el tema de las viviendas, de los traslados de las personas de la zona. Se ha hecho un reordenamiento planificado, pero todavía hay deuda con los traslados de las personas o el estallamiento de los suelos donde se está construyendo.
Cuando dice que se está “permitiendo” determinado tipo de volcado de residuos en la cuenca, ¿a quién responsabiliza? ¿Quién debe reglamentar cómo llevar adelante esos procedimientos? ¿La Justicia o los gobiernos?
– Es una reglamentación de Acumar, basada en una reglamentación de APRA, el órgano ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una reglamentación vieja y pensada para volcado en el mar o para ríos con otro caudal, no para uno con tan poco movimiento como el Riachuelo. Son cosas distintas por las diferentes capacidades de disolución y regeneración. Todos los gobiernos todos nos dicen que lo van a tener en cuenta, pero sigue igual.
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¿Qué consecuencias tiene que el agua siga teniendo el mismo nivel de contaminación que hace 16 años, como indica?
– Nosotros venimos señalando el impacto en la salud de las personas de la cuenca. Ahora nos han mandado un plan sanitario de pacientes. Pero hay personas que no tienen acceso al agua potable; no tienen ni una canilla con agua potable. A ellos Acumar les proveía agua en bidones. Con el recorte de este último gobierno directamente les dejaron de dar agua, un elemento absolutamente básico.
¿Usted está diciendo que hay personas que hoy no tienen agua potable en sus barrios y que el Gobierno tampoco se la está proveyendo?
– Exactamente. Porque hubo recortes importantes en el organismo. Acumar prácticamente quedó desfinanciado por el nuevo gobierno. Ante el actual escenario inflacionario y con un presupuesto desactualizado, Acumar no puede desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas de la Corte. Esto es de gravedad extrema. Además, tenían una cantidad de personal, pero ahora, con un presupuesto ajustado a valores del año anterior, es evidente que resulte insuficiente para satisfacer los requerimientos de del fallo.
Esa gente que dejó de recibir agua potable, ¿cómo se la está procurando?
– La compra o le pide a un pariente o a alguien de otro lado. Como en cualquier parte del mundo, cuando la gente no tiene agua tiene que ir con bidones a buscarla a otro lugar.
Las asociaciones barriales y vecinales de la cuenca Matanza-Riachuelo denuncian que continúa la contaminación del agua, el suelo y el aire
¿Qué están haciendo al respecto la Provincia y la Ciudad, que son dos de las partes responsables de esto?
– Hay un gran desentendimiento, porque como todo es responsabilidad de Acumar… Difiere mucho dependiendo el intendente o el municipio de que se trate, del abordaje territorial que se haga. En general todos refieren que es responsabilidad de Acumar, que se limita a señalar que se limitaron a retirar cascos y buques abandonados que había en la ribera, que se sembró pasto en las barrancas más expuestas al público, que se procura recolectar los residuos que flotan en las aguas y que se aportaron soluciones a un 40% de los problemas habitacionales. Después de 16 años Acumar admite que solo se solucionó el 40% de los problemas habitacionales; y ese es el dato oficial, porque el nuestro es todavía más crítico. Y no da cuentas de mejoras en las condiciones de sanidad de los habitantes, sobre prevención de daños duros, ni sobre la recomposición de las aguas, el aire y los suelos. Los indicadores son insuficientes, como hemos venido señalando.
Hasta ahora, cuando el actual gobierno desfinancia algún organismo, suele plantear que el objetivo es cambiar de modelo en busca de mayor eficiencia. ¿Hay señales de que algo así se pueda estar pensando para Acumar?
– No, porque no se trata de cambiar el modelo: el modelo está ordenado por la Corte, así que no se podría modificar esa dinámica. Lo que nosotros estamos planteando en este momento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una nueva ausencia pública. Y, en primer lugar, necesitamos que se vuelva a exigir la designación del Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación, porque era quien lideraba este cuerpo colegiado en una primera instancia. Nosotros, las organizaciones no gubernamentales, estamos haciendo este trabajo ad honorem hace 16 años, sin ningún tipo de apoyo; no tenemos la infraestructura para monitorear lo que pasa con 4 millones de personas y la extensión de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por otra parte, hubo una serie de rumores de que querían dar por concluida la causa.
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¿Ustedes sostienen que no debería cerrarse?
– Nosotros creemos que, justamente, no se han cumplido las mandas de la Corte y, por lo tanto, no se puede dar por concluido el proceso, por más que se termine de inaugurar la obra de infraestructura cloacal. No debe concluir hasta que todos los habitantes de la cuenca tengan soluciones habitacionales, hasta que no cambien la matriz para el volcado de sustancias y no haya una lógica más participativa. Este jueves nos reunimos con organizaciones barriales y vecinales que representan a los habitantes de la cuenca en la Facultad de Derecho, para quer nos cuenten su realidad. La Corte nos puso a cinco organizaciones en el Cuerpo Comunicado, y así cerró el tema a otros modos de participación. La Justicia entiende que la sociedad civil está representada por nosotros, pero en realidad los habitantes tienen mucho para decir.
Nosotros venimos pidiendo a la Corte que habilite otras instancias, porque era importante que los jueces tomaran contacto directo, pero no en una mera navegación de la mano de Acumar, sino que pudieran ir a Villa Inflamable de la mano de los vecinos que sufren esta situación.
¿El Gobierno nacional, con este desfinanciamiento, está entonces incumpliendo un fallo de la Corte Suprema?
– El fallo de la Corte se está incumpliendo en muchos aspectos desde hace 16 años. Este desfinanciamiento de Acumar agudiza ese incumplimiento. Ha habido despidos y recortes que son los nuevos problemas de la cuenca. Nosotros presentamos un documento muy extenso a la Corte respondiendo a un informe que había presentado a Acumar. Para que los derechos ambientales no se tornen ilusorios es crucial que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una verdadera política de Estado. Y para ello tiene que contar con el presupuesto necesario. La desjerarquización de diferentes dependencias de Acumar que tienen que ver con los informes de impacto ambiental, de asuntos judiciales y de monitoreo hacen imposible continuar con el cumplimiento de esta manda. En abril, unos 250 empleados de Acumar fueron sumariados por presunto “ausentismo”, cuando la gente de ATE en Acumar explica que todas esas supuestas faltas fueron justificadas con el debido trabajo de campo. Y es lógico: esta gente no está sentada en una oficina; la mayor parte tiene que estar en tareas de campo. Solo la Corte Suprema puede tomar medidas para revertir este cuadro de situación.
