La informalidad en el empleo asciende al 50% en Argentina, en línea con el promedio que registra América Latina, con excepción de Chile, donde se ubica en la mitad del porcentaje informado por la Organización Mundial del Trabajo.
El año pasado, la dinámica del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe se caracterizó por presentar un aumento menor al 1% en la tasa regional de ocupación.
La participación, por su parte, disminuyó ligeramente en comparación al año anterior (62,3%, en 2023 frente a 62,5% en 2022) y, finalmente, una desocupación promedio del 6,5%.
La recuperación de los puestos de trabajo continuó estando traccionada por el crecimiento del empleo informal en la mayoría de los países.
Las ocupaciones de tipo informal contribuyeron a la creación de entre el 40 y 95% de los puestos de trabajo entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2023, señala el reporte.
De acuerdo con los últimos datos de la OIT el año pasado, Ecuador pasó a ser el país de la región en el que la informalidad laboral tuvo la mayor participación en la recuperación del empleo total desde la pandemia, con el 95%; Argentina y Bolivia le seguían, con el 78% y 77% respectivamente. Luego venían Dominicana, Paraguay y México. Uruguay y Chile fueron excepciones en cuanto a la formalidad que los distinguió.
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Hay casos como el de Colombia, que pasó del 48% de informalidad previo a la pandemia al 56% y casi 6 de cada 10 colombianos trabajan sin seguridad social ni contrato laboral.
Brasil y Argentina quedaron dentro de la media regional y México algo por encima.
Las naciones del Pacífico se acercaron, y hasta superaron el escalón del 70% de informalidad.
Pero más allá del pantallazo general que figura en el informe Panorama Laboral 2023, la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe destacó características preocupantes que subyacen en las estadísticas y se vinculan con brechas de género, desocupación juvenil, informalidad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Y especifica que el desempleo y la informalidad afectan con intensidad al segmento joven del mercado, ya que la tasa de desocupación de ese segmento etario es de 14,4%, más del doble que la general, situada en 6,5%.
En nuestro país, según un informe del INDEC, hay alrededor de 800.000 desocupados, de los cuales 90.000 son varones y la porción restante, corresponde a mujeres de 14 a 29 años.
Las mujeres, en los años posteriores a la pandemia del Covid-19 recuperaron algo de la brecha de género en la región, al ser su recuperación del 22% contra el 16,9% de la masculina.
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En América Latina faltan medidas integrales que respalden la creación de empleos formales y proporcionen protección social. La informalidad oscila entre 48% y 70%.
La recomendación es que se fomente la creación de más puestos de trabajo formales, que haya coordinación con políticas activas, formación profesional (transición digital, demográfica, verde) y políticas sectoriales con aumento de productividad.
Asimismo, que se propenda al fortalecimiento de las instituciones laborales, en particular, salario mínimo y negociación colectiva, en un marco de diálogo social.
Que sean sostenidos los ingresos y extensión de la protección social y se institucionalicen los avances, con mayor alcance y sean coordinados.
Las reivindicaciones de la clase trabajadora varían de país en país y los Gobiernos están en mora de impulsar políticas públicas en materia laboral.
REFORMA LABORAL
En Argentina, la reforma laboral que cuenta con media aprobación en Diputados apunta a reemplazar la informalidad por precarización como primer escalón, al modificar las obligaciones previsionales de los nuevos contratos para que paguen monotributo.
La tasa de informalidad en el país era del 47,6%, cuando el promedio en los mercados laborales de la región se situó en un 48%, si bien en algunos países superó el 70%.
Los trabajadores que perciben asalariado registrado representan el 47,2%, los autónomos el 3,4% y los profesionales cuentapropistas, el 1,8%.
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Dada la estructura empresarial, el 55% de la informalidad se localiza en firmas privadas con plantilla que no supera los 5 trabajadores. Las que tienen de 6 a 40 tienen el 34% en negro y las de más de 40, el 11%.
El diputado Nicolás Massot puso de relieve la existencia de un gran acuerdo entre todos los bloques que conforman la Cámara de Diputados que evitó que 700 mil personas fuesen expulsadas del monotributo social, ya que el proyecto oficial los hubiera empujado a la informalidad.
Otra cuestión no menor que subyace en el debate es la verdadera tasa de desocupación.
El número oficial es 6%, pero excluye a los que cobran planes sociales y por supuesto unas tres millones de personas que se sumaron al empleo público.
Economistas como Ramiro Castiñeira consideran que entre todos esos grupos se contabilizan 4 millones más de desocupados o que, al menos, atraviesan un problema real de empleo.
De modo que, si tomara como desempleo todo el empleo público creado en la última década, más los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, la tasa de desempleo saltaría 10 puntos porcentuales, a 16%, es decir, tres veces más que la estadística oficial.
Y ahora viene una parte que no está contemplada en los análisis, como el de la OIT, ya que la recesión en el país se cobrará nuevas víctimas de gente que irá a parar a la calle.
Además de los recortes en el Estado y las empresas públicas en marcha, la famosa motosierra, se agregan unos 100 mil despidos en la construcción desde que empezó la gestión de Milei, debido a la paralización del 100% de la obra pública, que el Estado dejara de pagar la deuda vigente y a que las empresas no facturen.
