El reciente aumento en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires generó un fuerte malestar en las redes sociales y también exigieron propuestas de reforma.
Desde el 1 de diciembre, los valores de la VTV para automóviles se incrementaron en ambas jurisdicciones. En CABA, el costo subió a $52.878 para autos y $19.882,72 para motos. Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires, los automóviles deben abonar $44.857 y las motos $16.866,19, con otra suba prevista próximamente.
Las subas reflejan ajustes inflacionarios, aunque el trámite sigue siendo obligatorio para circular. En la Ciudad, los autos deben realizar su primera verificación al cumplir cuatro años de antigüedad o alcanzar los 64.000 kilómetros, mientras que en la Provincia, la exigencia aplica desde los dos años. A pesar de las diferencias en los procedimientos, ambos distritos buscan garantizar la seguridad vehicular y la reducción de emisiones.
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En qué situación está el proyecto que se envió al Congreso para eliminar la VTV
Propone eliminar este requisito, argumentando que se trata de una carga económica injustificada para los conductores. La iniciativa, impulsada por senadores bonaerenses del PRO, busca reemplazar el sistema actual por controles vehiculares gratuitos y regulares en talleres autorizados, financiados por el Estado.
Los defensores del proyecto critican la falta de transparencia en el manejo de las concesiones de las plantas verificadoras y señalan que, pese a los altos costos, los estándares de control no siempre se cumplen adecuadamente.
El proyecto también subraya que gran parte de los fondos recaudados por las verificaciones no se destinan a mejoras en infraestructura vial o controles efectivos. Esto contrasta con las declaraciones oficiales, que insisten en que el sistema actual es fundamental para garantizar la seguridad en rutas y ciudades.
Mientras los valores de la VTV siguen en alza y el debate sobre su eliminación avanza, la polémica pone de manifiesto la necesidad de revisar tanto las tarifas como la eficiencia del sistema. ¿Será posible encontrar un equilibrio entre los costos y los beneficios de esta medida obligatoria?
