Por Mauro Fulco
En 1988, Fito Páez cantaba “La ciudad de los pibes sin calma”. No sabía –no tenía forma de saber- que 35 años después aquella canción oscura se convertiría en predicción. Rosario, que siempre estuvo cerca, es noticia cotidiana por los índices de violencia, balaceras y asesinatos multiplicados.
La ciudad quintuplica los índices nacionales de homicidios dolosos. Mientras que el promedio de Argentina es de 4 cada 100 mil habitantes, a orillas del Paraná es de 22,1 cada 100 mil habitantes. Es decir, casi 6 veces más.
Los titulares de los diarios se suceden: muertos que quedaron en medio de una lluvia de balas, asesinados con múltiples disparos en el cuerpo, balaceras a locales comerciales e instituciones. Las armas de fuego como protagonistas de un reguero de pólvora y sangre.
“La crueldad se convirtió en un valor cotizado en los jóvenes que quieren ascender en el hampa. Si el crimen sale publicado en los medios se paga más caro, entonces se aseguran de ser espectaculares a la hora de matar”. La descripción del periodista y diputado provincial Carlos del Frade.
Durante 2022 hubo 287 crímenes en la ciudad. Fue el año más violento de todos, pero siempre se puede estar peor. En palabras de Del Frade, “siempre se puede caer un círculo más en el infierno del Dante”.
Durante 2023, hubo días en que los homicidios iban emparejados con la cantidad de días que tiene el año. En febrero, que tiene 28 días, hubo 26 asesinatos. En Rosario la muerte persigue a los días.
VIDAS DETRÁS DE LOS NÚMEROS
Balas, sangre y muerte. Tres palabras repetidas. El Obervatorio de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe lleva las estadísticas. Frías fotos detrás de las cuales hay vidas, familias, pérdidas. Para dar una magnitud del drama, solo durante febrero de este año hubo 98 personas heridas con armas de fuego, a las que se suman 25 más en las localidades cercanas (Pérez, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria). En enero hubo 85. Un total de 183 heridos en los dos primeros meses del año.
El 75% de los asesinatos se comete en la calle, y el 54% a menos de 500 metros del domicilio de la víctima. Inexplicablemente, los días con más muertes violentas son los jueves y los sábados, cuando perece el 40,6% del total. El 86% de los crímenes ocurre por la noche, el 70% está vinculado a organizaciones narcocriminales y el 78% cuenta con logística previa.
Para dar una idea del crecimiento de la violencia, basta comparar con el año pasado. En febrero de 2022 hubo 69 heridos con arma de fuego (29 menos). Y un dato preocupante: el 60% de los heridos tiene menos de 30 años.
Durante el año pasado hubo 26 muertos menores de edad, y en febrero de este año hubo 13 menores de 15 años baleados. Cuatro de ellos murieron. “El consumo está estallado. Antes los transas no consumían. Hoy buscan ayuda para sus hijos adictos”, ilustra Betina Zubelía de la ONG Madres Territoriales.
El asesinato más resonante fue el del pequeño Máximo Jerez, de 11 años y residente del barrio Los Pumitas del norte de la ciudad. El relato de sus tías estremece al escucharlo: el chico y tres primos (de 14, 13 y 2 años de edad) salieron a comprar unas gaseosas para acompañar unas pizzas. De pronto frenó un auto, bajó las ventanillas y disparó una ráfaga que acabó con la vida de Máximo, que exhaló su último aliento en brazos de su tía.
En las horas posteriores los vecinos organizaron una pueblada. Culparon a un transa (un escalón por debajo del narco) y le saquearon la casa. Al día siguiente, un encapuchado amenazó de muerte al barrio. Filmado en primer plano, blandió una pistola para intimidar por la osadía de hacerles frente. El poder y la impunidad son totales.
El homicidio de Lorenzo “Jimi” Altamirano es caso testigo. Músico callejero y malabarista de esquina, el joven de 28 años, fue ejecutado de tres tiros (uno en la cabeza, uno en el tórax y uno en la muñeca derecha) y arrojado en la puerta de la cancha de Newell´s con un mensaje escrito a mano con birome y guardado en el bolsillo interno de su saco. Un cuerpo humano usado como envase para transmitir un mensaje.
El supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, en Rosario
Hasta ese momento, los papelitos y las balas no eran algo infrecuente. No es extraño encontrar una nota junto a las vainas o los orificios de bala. Pasó en un canal de televisión con amenaza a la prensa; también en un centro de salud una mañana en la que concurriría el intendente. Pasó en un cajero automático y en una sucursal bancaria con un anuncio destinado al ex ministro de Seguridad provincial durante la gestión del socialismo, Maximiliano Pullaro, a quien tildaron de narco. El ex funcionario –por supuesto- negó las acusaciones respondió que día a día hay entre 15 y 20 balaceras diarias en la ciudad.
Una de las más resonantes fue la que sufrió el supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Rocuzzo y con un recado para su marido, el mejor jugador de fútbol del mundo: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, decía el texto que acompañó las balas.
Para los narcos y los gatilleros, todos son narcos. Mientras tanto siembran el terror en las calles de la ciudad.
CÁRCELES
Pablo Javkin, intendente de Rosario, no tiene dudas: “El 95% de los crímenes son ordenados desde penales federales. Hay que controlar eso”. En el mismo sentido se pronuncia la fiscal Valeria Haurigot, que también considera que debe reforzarse el trabajo sobre los capos narco que permanecen privados de su libertad.
“Más allá de que las primeras líneas puedan estar presas, hay una segunda línea de tenientes y subtenientes que se disputan el territorio a sangre y fuego”, analiza el consultor en política criminal Ariel Larroude.
Los líderes de los principales clanes dedicados al narcotráfico están en prisión. Guille Cantero está en el Pabellón 7 de la Unidad Residencial 2 del Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. Su némesis en el mundo del hampa se llama Esteban Lindor Alvarado, está condenado a prisión perpetua y estuvo a minutos de protagonizar una fuga de película.
Según se pudo determinar, Alvarado compró un helicóptero Robinson 44 en España, lo maquilló para disimular su procedencia y contrató a un piloto, que partiría con la aeronave desde Gualeguaychú y aterrizaría en el patio del penal de Ezeiza para extraer al capo colgando de una red en los remos de la nave. Las escuchas de inteligencia penitenciaria frustraron el escape.
Lo que no se logra frenar son las órdenes para salir a acribillar. Desde dentro de los penales se imparten órdenes para matar y hasta descuartizar a rivales. Uno de los audios promete “Lo voy a matar bien a lo mexicano, lo voy a cortar en pedazos”. Esas escuchas las presentaron los fiscales ante las autoridades nacionales y provinciales para intentar frenar la ola de crímenes y el sicariato.
En Rosario, la vida tiene precio. Por una ejecución se puede llegar a pagar hasta 100 mil pesos, pero ese valor sube si la víctima tiene alguna participación relevante en el mundo narco o puede ser de cero pesos si el objetivo no se cumple. Recibir una orden y fallar es motivo de escarnio, y en los audios que la Justicia tiene en su poder se puede escuchar la desesperación de los matadores caídos en desgracia, que prometen “hacer fiambre” cada vez que les toque salir a matar.
POLÍTICA
Una pata necesaria a la hora de analizar los índices violentos en Rosario es la política. La provincia está gobernada por el peronismo. El gobernador, Omar Perotti, ya rotó cuatro veces al ministro de Seguridad provincial. El primero de la gestión fue Marcelo Saín, creador de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), que renunció en marzo de 2021 y que fue procesado por espionaje ilegal e investigado por tratos vejatorios a los detenidos.
El anteúltimo, Rubén Rimoldi, renunció una noche a las apuradas tras el asesinato del músico “Jimi” Altamirano. Lo sucedió en el cargo un gendarme retirado de la fuerza, Claudio Brilloni quien –al igual que sus antecesores- prometió renovar esfuerzos para terminar con la cotidianeidad de violencia a la que los rosarinos no se quieren acostumbrar.
Mientras tanto, fue común ver cruces en directo entre los distintos actores sociales. El intendente Pablo Javkin salió a los medios a clamar por presencia policial, una potestad que le corresponde a la Provincia y a la Nación. “¿Dónde está la policía?”, preguntó ante los medios tras la balacera a una comisaría.
La respuesta del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, no se hizo esperar. Enumeró la cantidad de efectivos de fuerzas federales en zona y concluyó: “Rosario tiene los mismos problemas de violencia desde hace 20 años”.
Tras el brutal y absurdo asesinato del nene Jerez, el presidente -Alberto Fernández- decidió enviar al Ejército. Como la Constitución Nacional prohíbe la participación de esta fuerza en la seguridad interior, el atajo que encontraron fue que los soldados se dediquen a tareas de urbanización. La medida presidencial fue criticada por derecha y por izquierda. Los cultores de la mano dura cuestionaron que enviar a soldados sin potestad de ejercer la fuerza era un sinsentido; por el contrario, aquellos con una mirada no punitivista no quedaron conformes porque consideran que es un exceso. “Para urbanizar está el Ministerio de Desarrollo Social, los soldados están para combatir y no pueden ejercer Seguridad Interior”, sentencia Larroude. Una voz llamativa fue la del ex jefe del Ejército, César Milani, quien también se opuso a la decisión de Alberto Fernández con una frase aún más tajante: “Si el ejército participa de operativos en barrios puede ser una masacre”.
Mientras tanto las cúpulas policiales son acusadas de connivencia con los narcos. Durante la última quincena detuvieron a un comisario mientras comía asado con un traficante. A otro le encontraron una granada en su casa en pleno allanamiento. Por eso muchos expertos consideran que la solución es intervenir la policía de Santa Fe.
EN EL MUNDO
Cuando se habla de “guerra contra el narcotráfico” de inmediato la referencia es México. Ciudades con índices de homicidio que superan el 100 por 100 cada 100 mil habitantes. La detención de Joaquín “Chapo” Guzmán no detuvo ni la violencia ni la comercialización de cocaína.
Durante 2022 el índice de homicidios bajó 7,1 por ciento respecto de 2021. Y esta tendencia a la baja se repite desde hace tres años, una estadística muy distinta a la que podía mostrar el ex presidente Felipe Calderón, quien se erigió como paladín anti drogas y bajo cuyo mandato (2006-2012) hubo una verdadera disparada de muertes violentas: cerca de 340 mil asesinatos e incluso desapariciones de personas.
Miles de millones de dólares se invierten en combatir al narcotráfico, aunque en su discurso en la ONU Gustavo Petro –presidente de Colombia, productor del 5 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo- asegura que la guerra está perdida.
La erradicación de los grandes cárteles colombianos y la caída de los capos narcos como Pablo Escobar o el cartel del Norte del Valle no menguaron el comercio de sustancia alrededor del mundo. Según un informe de la UNODC (United Nations Office Drugs and Crime) publicado por el diario El País, Colombia disminuyó los cultivos de la hoja de coca (materia prima para el clorhidrato de cocaína) pero aumentó un 8 por ciento la producción del estupefaciente.
En El Salvador, el histriónico presidente Nayib Bukele hace gala de sus prisiones especialmente destinadas para aislar a pandilleros y narcos. Con producciones espectaculares, el mandatario se jacta de tener encerrados a 64 mil delincuentes. Sin patios, ventilación y aislados de otras poblaciones carcelarias, recibió repudios y admiraciones en todo el continente.
Rosario está lejos de estas realidades pero sus calles están agitadas. Se le consultó a con una fuente que prefiere reserva de identidad cuál era la orden para desatar semejante ola de violencia. Y la respuesta asusta: “La orden es guerra”.
