Un grupo de expertos en derechos humanos exigieron este jueves a los gobiernos de todo el mundo imponer una suspensión de alcance global a la venta y distribución de tecnología destinada a la vigilancia.
El llamado solicita la moratoria hasta que se establezca una normativa que garantice su uso de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Los expertos manifestaron su preocupación por el uso de este tipo de herramientas “para vigilar, intimidar y silenciar a defensores de los derechos humanos, a periodistas y a opositores políticos”.
Además, destacaron que “estas prácticas violan múltiples derechos como el de libertad de expresión, o a la privacidad y que pueden poner en peligro la vida de cientos de personas y la libertad de los medios de comunicación. Además, socavan la democracia, la paz, la seguridad y la cooperación internacional”.
Los especialistas recordaron que la investigación publicada el pasado 18 de julio por Amnistía Internacional desveló una vigilancia generalizada de los dispositivos móviles de cientos de periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos, mediante el programa espía Pegasus de la firma tecnológica israelí NSO Group. Aunque la compañía rechazó las acusaciones sobre su participación en estas prácticas ilegales, los expertos destacan que la empresa “debe revelar si alguna vez llevó a cabo alguna actuación significativa en materia de derechos humanos en consonancia con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos”.
Del mismo modo, instaron a Israel a revelar “qué medidas adoptó para revisar las exportaciones de NSO a la luz de sus propias obligaciones en materia de derechos humanos”.
A finales de julio, la empresa de capital riesgo Novalpina, propietaria del grupo israelí NSO que protagoniza un escándalo de espionaje, anunció será disuelta.
En tanto, Israel creó una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones sobre el controvertido programa de vigilancia telefónica Pegasus del Grupo NSO el cual, se señala, “fue utilizado de forma indebida”, informó el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento.
