En los últimos días, el Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica debido a hackeos a las bases de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para obtener información sensible.
Primero, un cibercriminal reveló que robó datos de casi 6 millones de licencias de conducir de todo el país, por un total de 1,25 TB, que puso a la venta en un canal de Telegram. Para demostrarlo, publicó fotos de las licencias del presidente Javier Milei; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.
Tras esta difusión, desde Seguridad Vial confirmaron que “un grupo de hackers profesionales accedió a un caudal acotado de información que se utiliza para la confección de las Licencias Digitales”. Sin embargo, aseguraron que “fue alertado en el momento por el equipo de seguridad informática y eso posibilitó que se tomen los recaudos necesarios para frenar el acceso a esa información y bloquear futuros hackeos”.
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En ese sentido, remarcaron que “no se encuentran comprometidas ni las bases de datos ni la información sensible de los ciudadanos, y que los equipos de seguridad informática y legales están trabajando en el asunto en conjunto con la Dirección Nacional de Ciberseguridad y con el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes (Cert.Ar) tomando las acciones pertinentes”.
Sin embargo, a esto luego se sumó otra filtración de datos del Registro Nacional de las Personas. Pero en este caso, el Gobierno negó que haya habido un nuevo hackeo, y que se investiga si la información publicada, que incluye documentos, fotos y huellas digitales, fue la misma que se robó en 2021.
Sobre este caso, el equipo técnico del Renaper y la empresa de ciberseguridad Danaide aseveran que “no se detectó ningún hackeo”. “La capacidad necesaria para obtener la información de 65 millones de personas requeriría de un infraestructura similar a la fábrica de DNI y una capacidad de almacenamiento de 500 TB, fuera de la escala de un hackeo”, explicaron.
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En este contexto, Julio López, experto en Ciberseguridad, dialogó en el programa “Así Nos Va” de Splendid 990 y remarcó la importancia de conocer “cuando pasó, qué cantidad y la veracidad”,
Pero además, marcó que esto puede tratarse de una “cuestión política”: “Hay una desintegración de estructuras que ahora están poniendo a la venta y poniendo un precio a eso que antes cuidaban”.
“Hay estructuras que están totalmente acéfalas. Hay muchos contratos que se cortaron. La situación de todo esto está a la deriva”, advirtió.
Al respecto, resaltó que “el problema es dejar la seguridad en manos de un Gobierno y no de un Estado”. “Vos tenes que tener una continuidad y un plan de seguridad, que no importa quién está gobernando, porque la seguridad operacional tiene que estar separada de lo político”, enfatizó.
