En los últimos días, el Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica debido a hackeos a las bases de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para obtener información sensible.
Primero, un cibercriminal reveló que robó datos de casi 6 millones de licencias de conducir de todo el país, por un total de 1,25 TB, que puso a la venta en un canal de Telegram. Para demostrarlo, publicó fotos de las licencias del presidente Javier Milei; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.
Tras esta difusión, desde Seguridad Vial confirmaron que “un grupo de hackers profesionales accedió a un caudal acotado de información que se utiliza para la confección de las Licencias Digitales”. Sin embargo, aseguraron que “fue alertado en el momento por el equipo de seguridad informática y eso posibilitó que se tomen los recaudos necesarios para frenar el acceso a esa información y bloquear futuros hackeos”.
En ese sentido, remarcaron que “no se encuentran comprometidas ni las bases de datos ni la información sensible de los ciudadanos, y que los equipos de seguridad informática y legales están trabajando en el asunto en conjunto con la Dirección Nacional de Ciberseguridad y con el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes (Cert.Ar) tomando las acciones pertinentes”.
Sin embargo, a esto luego se sumó otra filtración de datos del Registro Nacional de las Personas. Pero en este caso, el Gobierno negó que haya habido un nuevo hackeo, y que se investiga si la información publicada, que incluye documentos, fotos y huellas digitales, fue la misma que se robó en 2021.
Sobre este caso, el equipo técnico del Renaper y la empresa de ciberseguridad Danaide aseveran que “no se detectó ningún hackeo”. “La capacidad necesaria para obtener la información de 65 millones de personas requeriría de un infraestructura similar a la fábrica de DNI y una capacidad de almacenamiento de 500 TB, fuera de la escala de un hackeo”, explicaron.
En este contexto, Julio López, experto en Ciberseguridad, dialogó en el programa “Así Nos Va” de Splendid 990 y remarcó la importancia de conocer “cuando pasó, qué cantidad y la veracidad”,
Pero además, marcó que esto puede tratarse de una “cuestión política”: “Hay una desintegración de estructuras que ahora están poniendo a la venta y poniendo un precio a eso que antes cuidaban”.
“Hay estructuras que están totalmente acéfalas. Hay muchos contratos que se cortaron. La situación de todo esto está a la deriva”, advirtió.
Al respecto, resaltó que “el problema es dejar la seguridad en manos de un Gobierno y no de un Estado”. “Vos tenes que tener una continuidad y un plan de seguridad, que no importa quién está gobernando, porque la seguridad operacional tiene que estar separada de lo político”, enfatizó.
