Una ONG quiere que la Inteligencia Artificial (IA) se utilice para solucionar los principales problemas que tiene el sistema judicial argentino. Se trata de FUNDAR, que considera que las dificultades más importantes que enfrenta la Justicia son: falta de acceso, eficiencia y transparencia y propone, usar la IA, para ir hacia un sistema accesible, transparente y rápido.
En su informe, presentado en su página web, FUNDAR afirma que «la digitalización del sistema de justicia representa una oportunidad única para revertir los déficits del sistema de justicia argentino» y precisa que «avanzar en el proceso de transformación digital mediante la innovación de las prácticas y la incorporación de nuevas herramientas digitales simplificará procesos, reducirá costos y tiempos de resolución de casos y eliminará barreras geográficas, económicas e informativas que dificultan el acceso a la justicia».
«De manera complementaria, contribuirá a la generación, gestión y publicación de datos, facilitará la rendición de cuentas y fomentará la confianza ciudadana en el sistema judicial», agrega al tiempo que remarca que «Argentina carece de políticas públicas definidas y estructuras de incentivos institucionales para impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la justicia» porque «los procesos de innovación institucional existentes se limitan a trayectorias pioneras, con una limitada escala y un incipiente grado de desarrollo».
En esa línea asegura que «a partir de la sistematización de información, la detección de patrones y la generación de predicciones, la Inteligencia Artificial puede impactar significativamente en la mejora de los procesos y en la toma de decisiones de la justicia», debido a que, «puede contribuir a simplificar y automatizar tareas, reducir errores y generar documentos de manera asistida».
El mundo que se viene: trabajo en equipo entre la inteligencia artificial y el ser humano
«Estas contribuciones llevan, a una reducción de los tiempos de respuesta judicial, una mejora de la eficiencia en la asignación de recursos y una disminución de tareas burocráticas en los tribunales», sostiene y destaca que «esto permitiría que el personal pueda abocarse a la resolución de casos complejos o prioritarios».
No obstante, subraya que «la IA en la justicia también presenta riesgos. Uno de los más preocupantes es el potencial aumento de la discriminación y los sesgos» y por eso, considera «clave garantizar que los sistemas de IA en la justicia cumplan con principios fundamentales como la transparencia algorítmica, la trazabilidad o explicabilidad algorítmica, el máximo acceso algorítmico y la no discriminación algorítmica».
En consecuencia, detalla los diez puntos fundamentales para una transformación digital del sistema judicial:
1)Establecer un plan estratégico de innovación digital basado en un diagnóstico, resultante de un proceso participativo y que contemple un plan de implementación y evaluación.
2)Establecer un mecanismo de coordinación entre los distintos órganos del sistema de justicia y un espacio de interlocución interinstitucional con un equipo responsable de la implementación del plan estratégico.
3)Revisar los procesos existentes para identificar las ineficiencias y los cuellos de botella y optimizarlos.
4)Garantizar el acceso completo a los datos del sistema de gestión de expedientes del Consejo de la Magistratura y fortalecer su área de estadísticas.
5)Fomentar la innovación desde abajo hacia arriba. Apoyar a los actores comprometidos; identificar y difundir buenas prácticas que puedan replicarse; llevar adelante un proyecto piloto.
6)Diseñar las reformas centradas en los usuarios, involucrándolas y realizando pruebas piloto antes de la implementación.
7)Promover la actualización de la legislación necesaria para facilitar la innovación tecnológica, sin esperar que esta suceda para avanzar.
8)Garantizar una aplicación ética de la tecnología e identificar y gestionar los riesgos de sesgos.
9)Establecer una política de seguridad de la información para proteger los datos personales y confidenciales.
10)Destinar el presupuesto necesario para la inversión en tecnología, la mejora de la infraestructura y capacitación.
