La Justicia de Francia dictó una dura sentencia contra Marine Le Pen y otros ocho eurodiputados de su partido, condenándolos por desvío de fondos del Parlamento Europeo. La líder de Agrupación Nacional recibió una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, lo que frena su posible candidatura presidencial en 2027.
Además, se le impuso una pena de cuatro años de prisión, dos de ellos firmes con posibilidad de cumplimiento mediante brazalete electrónico, y una multa de 100.000 euros.
La decisión judicial señala que entre 2004 y 2016 los eurodiputados emplearon fondos europeos para pagar a asistentes ficticios, desviando en total 2,9 millones de euros, de los cuales 474.000 euros fueron atribuidos directamente a Le Pen.
El Tribunal Correccional de París determinó que, aunque los eurodiputados no se enriquecieron personalmente, sí utilizaron el dinero para mejorar las condiciones del partido y la vida de sus dirigentes. Entre los beneficiados se encuentran el guardaespaldas de Le Pen, Thierry Légier, y su secretaria personal, Catherine Griset, quienes figuraban como asistentes parlamentarios sin realizar funciones en la Eurocámara.
La fiscalía había solicitado la inhabilitación de Le Pen, y el tribunal coincidió en que la gravedad del caso ameritaba su exclusión de la política por al menos cinco años. Esta decisión sacude el panorama electoral en Francia, donde la ultraderechista lideraba las encuestas con vistas a las próximas presidenciales.
Desde Moscú, el Kremlin reaccionó con indignación, acusando a Europa de violar las normas democráticas. El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, afirmó que “cada vez más capitales europeas siguen el camino de pisotear las normas democráticas”, en referencia a la condena de Le Pen. Esta reacción no es casual: el partido de la política francesa ha sido señalado en el pasado por sus vínculos con Rusia, incluyendo préstamos recibidos de bancos rusos. Mientras tanto, la líder ultraderechista se enfrenta a un escenario incierto, con su futuro político en juego y la posibilidad de apelaciones en los tribunales franceses.
