Luego de que el presidente Alberto Fernández anunció que acatará el fallo de la Corte Suprema para restituirle los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, adelantó que suspenderá la denuncia que había hecho en su contra por sedición.
“¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina”, publicó la exministra de Seguridad en sus redes sociales, celebrando la decisión del Gobierno nacional.
En ese sentido, contó que decidieron suspender la presentación judicial que había realizado junto a los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet “mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”.
Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria. 👇https://t.co/VZeKr1vdVF
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 25, 2022
Tras varios días de disputa, este lunes el mandatario explicó que instruyó la Jefatura de Gabinete de Ministros para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”. Dicha operación se hará con bonos TX31.
Previamente, desde Juntos por el Cambio se presentaron varias denuncias en contra de Alberto Fernández, además de las amenazas de pedir un juicio político por considerar que incurrió en el delito de traición a la patria.
Una de ellas fue la de Bullrich, quien aseguró que “desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional” y que los funcionarios y gobernadores que lo apoyaron “tienen que ir presos”.
Además del presidente, la titular del PRO apuntó también contra los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quinquella (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodriguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
“Las personas denunciadas incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático, lo que, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, implica la nulidad de sus actos”, expresó en el escrito.
En ese sentido, pedían que se los condene con entre uno a cuatro años de prisión, además de considerar que sus actos “deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”.
